1 de cada 4 organizaciones mexicanas sufrió un ataque de ransomware

Según registros, en 2020, una de cada cuatro empresas mexicanas sufrieron un intento de ataque de ransomware que pudo haber sido exitoso o no. Esta cifra coincide con la tendencia de disminución que han registrado los ataques de ransomware en México, pues mientras que en 2019, 44% de las compañías mexicanas sufrieron un ataque que intentó secuestrar su información, en 2020 el porcentaje fue de 25 por ciento.

Estos son los resultados del más reciente reporte El estado del ransomware de la compañía de ciberseguridad británica Sophos. No obstante se ha declarado que esta cifra es ambigua, pues mientras que en México y en Colombia la regulación no exige que las empresas notifiquen si sufren un ciberataque; en Chile, donde las empresas sí tienen que notificar que fueron víctimas de un ataque cibernético, la cifra de organizaciones supera 30 por ciento.

No todas las compañías que experimentaron un ataque de ransomware vieron su información secuestrada. A nivel global, 54% de las organizaciones vio su información cifrada después del ataque; mientras que 39% pudo detener el ataque antes de que se cifraran los datos y en 7% de los casos no se cifraron los datos pero se exigió un rescate.

En todo el mundo, una de cada tres organizaciones pagaron un rescate para recuperar su información secuestrada; mientras que más de la mitad lograron recuperar sus datos gracias a los respaldos con los que contaban y 8% usó otros medios para recuperarlos.

Pese a que los gobiernos centrales son los más expuestos a sufrir extorsiones, los más vulnerables ante el cifrado de los datos de un ataque de ransomware son el comercio minorista, el sector educativo y los servicios profesionales y empresariales. Los más propensos a pagar un rescate para recuperar su información son el sector de la energía, petróleo/gas y servicios públicos, los gobiernos locales, la educación y la sanidad, todo esto según estudios realizados tomando como base los registros de ataques a la fecha.

Fuente: El Economista